Las declaraciones del registrador nacional, Hernán Penagos, sobre el fraude en la recolección de firmas, no pueden quedarse en una simple alerta mediática. La Registraduría debe actuar con consecuencias reales si se comprobó el fraude.
Se detectaron formularios en blanco y firmas fotocopiadas, lo que desnaturaliza el mecanismo democrático. Los aspirantes con mayor volumen de firmas son Abelardo de la Espriella, Carlos Caicedo y Mauricio Lizcano.
La Registraduría debe denunciar a los responsables y adoptar decisiones administrativas necesarias. Anular la inscripción de quienes recurrieron a firmas falsas no es extremo, es la consecuencia mínima que exige el principio de legalidad.
La recolección de firmas es un mecanismo excepcional que debe ser protegido con rigor. Un sistema electoral serio no se mide por la cantidad de firmas, sino por su capacidad de hacer cumplir las reglas y sancionar a quienes las vulneran.
